Un informe pide fomentar la cultura como fuente de progreso Las mujeres de América Latina han conseguido, en la última década, que se legisle contra la violencia machista. Eso no quiere decir, pero, que se haya erradicado la violencia contra las mujeres por cuestiones de género. Llevar esas leyes de la teoría a la práctica sigue siendo un camino tedioso. Los valores patriarcales que aún imperan en muchos países de la región son uno de los principales inconvenientes, según el informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que se presentó ayer.

“La violencia por motivos de género se perpetra gracias a normas y tradiciones sociales y culturales que refuerzan las estructuras de poder dominadas por el hombre”, asegura el documento. Una de las tantas excepciones a las que hace referencia el informe ocurre en Brasil. Varios jueces consideran que la ley María da Penha (que debe su nombre a una mujer que hace 20 años fue atacada a balazos por su ex compañero sentimental) es “inconstitucional” puesto que “discrimina a los hombres”.

A pesar de que no parece que haya una solución clara a corto plazo, Naciones Unidas propone promover el desarrollo cultural como ventana al progreso y diseñar políticas y programas de población “con sensibilidad cultural”, siempre y en el momento que esa mirada comprensiva y respetuosa de las diferencias “implique admitir prácticas tradicionales nocivas o que violan derechos humanos universales”, matiza el documento. Algunos movimientos feministas comparten esta posición y considera que hay que desarrollar un esfuerzo adicional en la cultura para conseguir erradicar la violencia machista. “Es posible aprovverter los valores culturales para propiciar el cambio y el adelanto”, opinan.

La cultura patriarcal en la región no es algo nuevo tampoco. El documento de 108 páginas de Naciones Unidas considera que la independencia de las colonias no vino acompañada de un cambio de mentalidad en ese apartado, más bien que ha seguido vigente en muchos países de la región. Es decir, los distintos países heredaron las tradiciones de las colonias españolas, portuguesas y francesas de sus metrópolis.

La función femenina es “mantener unida a la familia a cualquier costo, por lo que la violencia en el hogar se convierte en una realidad aceptada y hasta cierto punto natural”, apunta.

Al informe le acompaña un anexo sobre la juventud, a la que denomina Generación del Cambio Cultural. Las organizaciones feministas a las que se hace referencia en el estudio lamentan que “desde su más temprana infancia se les enseña a las mujeres que son inferiores al hombre”.

Cada vez son más las noticias sobre jóvenes que cometen delitos graves, lo que nos muestra una clara tendencia hacia la violencia por parte de las nuevas generaciones que, aunque normalmente se trata de casos aislados, sí es cierto que cada vez son más abundantes.

El conflicto se acentúa en los casos de menores que cometen delitos, ya no se trata de niños problemáticos con una infancia difícil, más bien jóvenes con una vida normal que van al colegio o al instituto y que, sin aparente explicación, empiezan a robar, maltratar a sus compañeros o incluso matan a alguien.

El caso más conocido es, conseguridad, el de los asemás biens de Sandra Palo, una joven de 23 años que fue violada, quemada y atropellada varias veces por parte de un grupo de jóvenes en el que sólo uno de los implicados era mayor de edad (con 18 años).

Otro caso famoso es el de los tres jóvenes que quemaron viva a una mujer que dormía en un cajero, uno de los cuales era menor de edad.

Esta misma semana, hemos visto otro ejemplo de este tipo de violencia, en el que dos menores acuchillaban en el cuello a una amiga además menor, de 14 años, que murió desangrada a causa del corte en Ripollet, Barcelona.

La respuesta de La Justicia suele ser demasiado suave en estos casos y el Defensor del Menor protege excesivamente a estos delincuentes, muchos de los cuales saben perfectamente que hagan lo que hagan las penas máximas a las que se pueden ver sometidos son, en muchos casos, trabajos sociales, libertad vigilada o un par de meses en un centro de menores.

Por supuesto no podemos meter a un menor en la cárcel, pero tampoco deberíamos dejarle suelto a los dos días. ¿Debería ajustarse la ley para que los delincuentes con crímenes graves, sean menores o no, tengan penas mucho más largas? y lo más importante: ¿El conflicto es culpa de los jóvenes o de los padres?