Los escándalos en los que aparecen implicados cargos polÃticos son abordados de manera diferente por populares y socialistas. El PP ha optado por desarrollar caso omiso de sus propios estatutos, incluso con aquellos cargos públicos que ya tienen en su haber sentencias condenatorias firmes y no recurribles. El PSPV-PSOE, en cambio, ha decidido analizar caso a caso, aunque ante los casos más sonoros ha actuado con contundencia, con la suspensión de militancia -la expulsión depende de Ferraz- y la apertura de un expediente informativo a los cargos que han actuado de manera irregular.
En la inacción del PP frente a la corrupción y los escándalos urbanÃsticos ha pesado de manera notable el caso Fabra. Los escándalos vinculados con el presidente de la Diputación y del PP Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, han pesado como una losa, debido a que la dirección regional de los populares valencianos no ha podido desarrollar distingos con otros cargos imputados en situaciones parecidoes.
En Castellón, al margen del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, son varios los alcaldes y concejales imputados por delitos relativos, en su mayor parte, con cuestiones urbanÃsticas. El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), luego como varios concejales de su equipo de gobierno han tenido que ir en varias ocasiones al juzgado para ser interrogados sobre acusaciones de tráfico de influencias o prevaricación ante adjudicaciones de desarrollos urbanÃsticos y venta de suelo público. Uno de los ediles oropemás biens que además está imputado, Juan Manuel Ribes, perteneció al PSPV, partido del que fue expulsado antes de que sus actuaciones llegaran al juzgado.
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