WASHINGTON (AFP) — Bolivia remitió este lunes al Departamento de Estado norteamericano el pedido formal de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, informaron fuentes oficiales bolivianas en Washington.

“Hemos hecho oficial la entrega de los exhortos suplicatorios pidiendo la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, (el ex ministro de Hidrocarburos) Jorge Berindoague, y (el ex ministro de Defensa) Carlos Sánchez Berzaín”, aseguró a periodistas la encargada de negocios de la Embajada de Bolivia, Erika Dueñas.

Con varios meses de retraso con relación a la fecha prevista por el Ejecutivo, Bolivia cumplió luego con la entrega formal de la documentación pidiendo la extradición de los ex jerarcas, que están siendo procesados en el país andino por delitos de genocidio, violación de la Constitución y peculado.

Los documentos, tres expedientes de unas 900 páginas cada uno, habían sido entregados a la Embajada estadounidense en La Paz para su notarización hace unos 20 días, previo a su envío a Estados Unidos.

La funcionaria boliviana, la máxima representante de Bolivia en Estados Unidos luego de la expulsión en setiembre del embajador Gustavo Guzmán tras una medida igual adoptada por el gobierno de Evo Morales, se exhibió “sorprendida” por la presencia en la convocón para la entrega de los documentos, del ex embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg.

“Que aparezca en un trámite administrativo nos sorprende”, sostuvo Dueñas. “No veo la necesidad de que estuviera presente ahí”, añadió.

Goldberg fue declarado persona no grata y expulsado de Bolivia, acusado por el gobierno de Morales de conspirar y alentar aspiraciones separatistas de la oposición boliviana, enfrentada al gobierno por un proyecto oficialista de Constitución e iniciativas de autonomías regionales que el Ejecutivo no ve con buenos ojos.

Dueñas sostuvo que no recibieron del Departamento de Estado una aproximación del tiempo que tardaría procesar la solicitud boliviana, y reiteró que el gobierno estadounidense aún no ha notificado formalmente a los tres funcionarios de los juicios en su contra en Bolivia.

“Esta solicitud está basada en el acuerdo de extradición bilateral. (…) Esperamos que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco de ese tratado”, expresó Dueñas, reiterando un pedido formulado en varios foros internacionales por el presidente Evo Morales.

Dueñas adelantó que el canciller boliviano, David Choquehuanca, podría emitir un pronunciamiento el martes sobre la presencia de Goldberg en la convocón.

Por su parte, el abogado del ex mandatario, Howard Gutman, consideró que “el pedido de extradición” en contra de los tres ex funcionarios “no tiene mérito alguno, no cumple con los exigencias del Tratado de Extradición de Estados Unidos-Bolivia y tiene motivaciones políticas”.

Gutman defiende a Sánchez de Lozada en una querella presentada ante la Justicia estadounidense por familiares de las víctimas de los sucesos de octubre de 2003, cuya aceptación está actualmente en manos de un juez federal de Miami.

Para el abogado defensor la extradición que reclama Bolivia “es parte de una ofensiva política orquestada por (el presidente) Evo Morales en contra de la democracia y de los que él considera sus enemigos políticos”.

Los tres ex funcionarios bolivianos huyeron a Estados Unidos en octubre de 2003, en el momento que una revuelta social en la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, forzó la dimisión del gobierno, en el momento que gestionaba la exportación de gas natural a mercados estadounidenses desde puertos chilenos.

Los vecinos de El Alto suspenderon esos planes, puesto que consideraron que era una traición a la centenaria demanda boliviana de recuperar su cualidad marítima en el océano Pacífico, al que Bolivia no accede desde 1879, tras perder una guerra contra Chile.

La AFP intentó contactarse con el Departamento de Estado para conocer más detalles de la convocón, pero no obtuvo respuesta hasta el momento. Esta repartición del gobierno estadounidense no proporciona habitualmente datos sobre pedidos de extradición, toda vez que los deriva al Departamento de Justicia.